Un caso inesperado sacude a la política chilena y reabre heridas de la dictadura de Augusto Pinochet. Una investigación periodística de Chilevisión reveló que Bernarda Vera -militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y considerada desaparecida desde 1973- habría sido encontrada con vida en la localidad bonaerense de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.

Según los registros oficiales, Vera fue detenida el 10 de octubre de 1973 y se la daba por ejecutada en el puente de Villarrica, sobre el río Toltén. Sin embargo, la investigación señala que logró salir del país y se habría radicado en Argentina después de un paso por Suecia.

El hallazgo se produjo cuando una periodista abordó a una mujer en Miramar y le preguntó si era Bernarda Vera. La respuesta fue un “sí” enérgico, aunque de inmediato se negó a dar declaraciones y se refugió en su vivienda junto a un hombre que la acompañaba.

El caso desató una fuerte polémica política. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que no existe “certeza absoluta” de que la mujer encontrada en Argentina sea efectivamente Vera y explicó que aún se investigan los antecedentes.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron duramente al Plan Nacional de Búsqueda, lanzado por Gabriel Boric en 2023, y reclamaron aclaraciones sobre las pensiones otorgadas a familiares de las víctimas de la dictadura. Legisladores de la UDI y del Partido Republicano acudieron a la Contraloría para exigir que se determine quién conocía la información y qué beneficios económicos recibió la familia de Vera durante décadas.

La polémica también alcanzó al ámbito de los derechos humanos. Especialistas y referentes advirtieron que, aun si se comprueba un error en el registro oficial, esto no debería usarse para relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.

“El Poder Judicial deberá determinar la veracidad de lo ocurrido. Pero un error administrativo no es lo mismo que negar los crímenes de la dictadura”, señaló el sociólogo chileno Pablo Seguel.

Mientras tanto, el gobierno chileno insiste en mantener la prudencia hasta contar con pruebas concluyentes. El caso sigue en desarrollo y promete profundizar el debate político y social en torno a la memoria histórica del país.