El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios públicos, en el marco del proceso de revisión y ajuste de estructuras estatales. La medida se formalizó a través del Decreto 463/2025, publicado en el Boletín Oficial, y apunta al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Con estos cierres, el total de fondos liquidados por la actual administración asciende a 29. Según informó el Ejecutivo, la decisión se basa en los resultados de auditorías de la Sindicación General de la Nación (SIGEN), que detectaron falta de controles, uso ineficiente del dinero público y baja efectividad en los objetivos.

En el caso del FFFIR, creado en 1997 para financiar obras de infraestructura en las provincias, la SIGEN advirtió “falencias en la aplicación y devolución de los préstamos”, lo que habría generado pérdidas importantes para el Estado. Además, se observó una subutilización de los recursos disponibles y que gran parte de ellos estaban colocados en plazos fijos, perdiendo valor frente a la inflación.

A esto se suma que el fondo funcionaba con personal propio, algo que no está permitido legalmente para este tipo de estructuras.

En cuanto al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el informe oficial detalló que solo $70 millones fueron aplicados a su objetivo específico, a pesar de haber recibido transferencias por $26.000 millones entre 2022 y 2023. Las principales observaciones fueron la falta de planificación, control y rendición de cuentas, además de contrataciones indebidas de personal y estructuras.

No obstante, desde el Gobierno aclararon que la política pública del Sistema Federal de Manejo del Fuego seguirá vigente y se financiará con la contribución obligatoria del 3% de las primas de seguros, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Por último, el FONDEP (ex FONDEAR), lanzado en 2014 para facilitar el acceso a créditos a proyectos productivos estratégicos, también fue señalado por uso ineficaz de recursos, inversiones mal registradas y problemas para recuperar préstamos.

Desde Casa Rosada subrayaron que estas decisiones responden a la intención de llevar adelante una gestión pública “transparente, ágil, eficiente y eficaz”, tal como lo establece la Ley Bases, recientemente aprobada por el Congreso. Esa norma le otorgó al Presidente la facultad de revisar, modificar o eliminar fondos fiduciarios que no cumplan con su función de forma eficiente.