El Gobierno despedirá empleados de la Procuración del Tesoro que sospecha que filtraron información de YPF a los fondos. El Ejecutivo asegura que reestructurará el organismo y disolverá parte de sus áreas. El encargado de realizar la reforma es el titular, Santiago Castro Videla.

La Casa Rosada asegura que tiene pruebas para impulsar una ola de despidos en el sector por venta de información confidencial a los demandantes. En Balcarce 50 no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado. “Es un delito grave porque es un perjuicio directo hacia el Estado”, expresan en Nación.

La Procuración del Tesoro tiene una planta de 242 empleados y cuenta con un presupuesto de $8662 millones para la administración de seis direcciones nacionales: Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales y Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.

Los subprocuradores son Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija, que sigue la defensa argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Tienen a cargo también una dirección de Coordinación Técnica Administrativa, que abarca cuatro coordinaciones: Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones y Gestión Informática.

El encargado de realizar la reforma es el titular de la Procuración del Tesoro, Santiago Castro Videla (Foto: Universidad Austral).

El órgano que se encarga de las defensas judiciales de Nación tiene a cargo también el Registro Único de integrantes del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RUICAE) y el Registro de Colaboradores y Consultores Técnicos del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RECCOT).