En medio del debate por la reforma judicial en Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal volvió a cuestionar el funcionamiento de los tribunales provinciales luego de que el Tribunal Superior de Justicia detectara más de 2.000 trámites atrasados en distintos juzgados de primera instancia de Río Gallegos. A través de sus redes sociales, el mandatario responsabilizó políticamente a las gestiones anteriores por la situación y defendió las medidas promovidas por su administración.

Según la información difundida, el relevamiento permitió identificar sentencias pendientes, expedientes paralizados y escritos acumulados sin respuesta. Frente a este panorama, Vidal cuestionó las consecuencias de estas demoras para los ciudadanos y planteó interrogantes sobre el tiempo durante el cual se mantuvieron sin resolver.

En este contexto, el gobernador volvió a apuntar contra el kirchnerismo, que condujo la provincia durante más de tres décadas, y sostuvo que determinados sectores del Poder Judicial habrían respondido a intereses políticos. “Siempre dije que una parte de la Justicia fue la última trinchera del kirchnerismo. Y lo sigo sosteniendo”, expresó.

Asimismo, relacionó sus cuestionamientos con los casos de corrupción conocidos a nivel nacional y aseguró que su gestión busca modificar prácticas institucionales que, según afirmó, permitieron sostener privilegios durante años.

“Yo no llegué al Gobierno para mirar para otro lado ni para cuidar los privilegios de los que se creían intocables”, manifestó el mandatario, al justificar la necesidad de avanzar con transformaciones pese a las resistencias que, según indicó, generan estas decisiones.

Por otra parte, Vidal puso el foco en las personas afectadas por la falta de resoluciones judiciales. En ese sentido, recordó que detrás de cada expediente demorado existen trabajadores y familias que esperan respuestas a sus reclamos, por lo que consideró necesario mejorar el funcionamiento de los tribunales.

En cuanto a las reformas, destacó la restitución de Eduardo Sosa como procurador general de Justicia después de tres décadas, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para la designación de fiscales y defensores. Según sostuvo, estas medidas apuntan a fortalecer la independencia institucional y modificar los mecanismos de nombramiento dentro del sistema.

A su vez, valoró las auditorías realizadas en los juzgados provinciales, mediante las cuales se identificaron las actuaciones pendientes. El gobernador presentó estos controles como parte de los cambios impulsados, aunque la detección de expedientes atrasados no permite establecer por sí sola responsabilidades individuales ni determinar cuándo se originaron todas las demoras.

Finalmente, Vidal reafirmó su intención de continuar con la reforma judicial y reclamó un sistema que actúe con autonomía frente al poder político. “Queremos una Justicia independiente, que investigue la corrupción, que no proteja a nadie y que sea igual para todos”, sostuvo.

De esta manera, el mandatario ratificó su posición frente a la situación del Poder Judicial santacruceño, mientras la acumulación de expedientes pendientes vuelve a poner en discusión los tiempos de respuesta de los tribunales y las medidas necesarias para mejorar el servicio de Justicia.