La Fundación Sembrando Esperanzas, una organización sin fines de lucro con domicilio en Caleta Olivia, quedó vinculada a una denuncia penal por presuntas irregularidades en las campañas de salud visual realizadas en Río Gallegos. La concejal Daniela D’Amico reconoció públicamente haber actuado como nexo entre la entidad y los vecinos que participaron de estas jornadas.

En este contexto, Patagonia al Mundo pudo dialogar con la persona que presentó la denuncia penal y con distintos profesionales ópticos de Río Gallegos, quienes expusieron una serie de presuntas irregularidades en la realización de controles visuales y la comercialización de anteojos.

Según los testimonios recogidos, durante las campañas no se habrían entregado las correspondientes recetas profesionales y la venta de anteojos se habría efectuado sin la facturación legal correspondiente. También se cuestionó si las personas encargadas de realizar las evaluaciones visuales contaban con las habilitaciones profesionales exigidas.

Uno de los aspectos centrales de la denuncia está relacionado con la ruta del dinero recaudado por la comercialización de los anteojos. De acuerdo con lo denunciado, los pagos se habrían efectuado mediante transferencias bancarias a distintas cuentas particulares y billeteras virtuales, en lugar de ingresar directamente a una cuenta institucional de la fundación.

En este marco, la presentación judicial quedó registrada bajo el expediente N.º 83.539/2025, radicado en el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos, donde se denunciaron presuntos hechos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina y una posible estafa.

Por su parte, la concejal Daniela D’Amico reconoció haber actuado como intermediaria entre la Fundación Sembrando Esperanzas y los vecinos. Ante los cuestionamientos, manifestó: «Yo era el nexo, pregúntenle a la fundación». Asimismo, negó haber recibido dinero o intervenido en las prescripciones y expresó su intención de aportar documentación ante la Justicia.

La Fundación Sembrando Esperanzas, identificada con el CUIT 30-71756793-1, fue constituida en Caleta Olivia en agosto de 2021. Entre los nombres identificados públicamente en relación con sus actividades aparece Guillermo Ritondale, mencionado como representante de la organización durante la difusión de campañas de salud visual.

En este sentido, uno de los interrogantes que deberá esclarecer la investigación es quiénes recibieron los pagos, a nombre de qué personas se encontraban las cuentas utilizadas y cuál fue el destino final de los fondos recaudados.

Finalmente, será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades en las prestaciones, en la comercialización de los anteojos y en la registración de los pagos, así como las eventuales responsabilidades de las personas involucradas. Los hechos denunciados no constituyen, por sí mismos, delitos acreditados.