La Justicia Federal resolvió este jueves un nuevo capítulo de la causa Vialidad. Por unanimidad, los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación rechazaron los planteos de Máximo y Florencia Kirchner, quienes buscaban detener las medidas patrimoniales que alcanzan a bienes vinculados con la familia de la expresidenta.

El fallo lleva las firmas de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes respaldaron la continuidad del procedimiento a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2. Aunque los hijos de Cristina Kirchner no fueron condenados en este expediente, parte de su patrimonio quedó comprendido en las actuaciones destinadas a ejecutar la sanción económica.

Una disputa por bienes millonarios

El conflicto se originó a partir de las medidas impulsadas para recuperar los fondos vinculados con las irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. En ese marco, las defensas cuestionaron que se avanzara sobre propiedades mientras permanece pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado Luis Joel Goldin, representante de los hermanos Kirchner, argumentó que la continuidad del procedimiento podría afectar garantías constitucionales, como el derecho de propiedad y la defensa en juicio. Además, sostuvo que sus clientes no recibieron una condena penal y que las consecuencias económicas de la sentencia no deberían extenderse automáticamente a ellos.

Por otra parte, las firmas Hotesur y Los Sauces también recurrieron las medidas judiciales que afectan a 13 inmuebles de su propiedad. Sus representantes señalaron que los embargos perjudican la actividad comercial y reclamaron una instancia para ejercer su defensa.

Los argumentos de Casación

Al analizar las presentaciones, los camaristas determinaron que los recursos no cumplían con los requisitos procesales para ser admitidos. En particular, explicaron que las decisiones cuestionadas no eran definitivas y que tampoco se había demostrado un perjuicio imposible de reparar posteriormente.

Asimismo, remarcaron que los embargos constituyen medidas preventivas destinadas a preservar los activos durante el proceso, sin que ello implique una transferencia inmediata de su titularidad.

En cuanto a las empresas involucradas, aclararon que podrán presentar sus argumentos cuando se trate formalmente la solicitud fiscal sobre sus propiedades.

La causa continúa abierta

Con esta resolución, el tribunal encargado de ejecutar la condena podrá seguir identificando y resguardando los activos alcanzados por el procedimiento. Sin embargo, todavía resta determinar cuáles serán efectivamente decomisados.

Mientras tanto, la Corte Suprema mantiene pendiente un planteo relacionado con el alcance de estas medidas, por lo que aún podrían producirse nuevas definiciones judiciales.

El fallo representa un avance en la ejecución patrimonial de la causa Vialidad, aunque no constituye una resolución definitiva sobre todos los bienes involucrados.