El Gobierno nacional decidió postergar hasta la próxima semana el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, luego de que los bloques dialoguistas reclamaran modificaciones en distintos artículos. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, busca establecer nuevas sanciones contra empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de introducir reformas en materia de seguridad e inteligencia.

En este contexto, La Libertad Avanza aceptó revisar parte del texto original y trasladó para la próxima semana el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal, presididas por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

Según informó TN, el oficialismo busca alcanzar los acuerdos necesarios para emitir dictamen y posteriormente avanzar con el tratamiento del proyecto en el recinto. Sin embargo, las diferencias sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y el alcance de las modificaciones propuestas continúan condicionando las negociaciones.

Estados Unidos y un pedido que generó tensión por Malvinas

La postergación del debate se produjo en medio de una controversia diplomática luego de que Estados Unidos solicitara la disolución del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo en el que Argentina sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Asimismo, trascendieron cuestionamientos desde Washington sobre el alcance de las sanciones previstas en el proyecto, particularmente aquellas que podrían afectar a empresas estadounidenses vinculadas con actividades de explotación de hidrocarburos en la zona.

Por su parte, el Gobierno argentino reconoció contactos con autoridades estadounidenses sobre el contenido de la iniciativa, aunque descartó que existieran exigencias para frenar su tratamiento parlamentario.

En tanto, la posibilidad de disolver el organismo de la ONU despertó críticas de distintos sectores de la oposición, que consideran fundamental preservar los espacios internacionales donde Argentina sostiene su posición sobre la disputa de soberanía.

La oposición cuestionó la postura del Gobierno nacional

El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana cuestionó el pedido estadounidense y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la posición diplomática argentina.

Según expresó, la iniciativa de Washington representa un retroceso para el reclamo de soberanía, al involucrar a uno de los principales ámbitos multilaterales en los que se reconoce la existencia de la disputa con el Reino Unido.

En este marco, los diputados de Unión por la Patria Agustina Propato y Germán Martínez presentaron un proyecto para exigir que el Gobierno nacional manifieste formalmente su rechazo a la eventual disolución del Comité de Descolonización.

Por otra parte, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó las contradicciones que, a su entender, existen entre la propuesta de endurecer sanciones por la explotación de recursos en Malvinas y los planteos realizados desde Estados Unidos.

De esta manera, el debate legislativo incorporó una nueva dimensión diplomática vinculada con la relación entre la administración de Javier Milei y el gobierno estadounidense.

Qué establece el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contempla un régimen de sanciones destinado a penalizar distintas actividades de explotación de recursos naturales realizadas sin autorización argentina en los territorios y espacios marítimos reclamados por el país.

Entre las medidas propuestas se encuentran penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para empresas y personas involucradas en determinadas operaciones.

Sin embargo, el proyecto también incluye modificaciones a la legislación de seguridad interior e inteligencia, así como la creación de nuevas estructuras vinculadas con la defensa nacional.

Precisamente, estos últimos puntos generaron diferencias con los bloques dialoguistas, que reclamaron mayores mecanismos de control parlamentario y precisiones sobre las facultades que tendría el Consejo de Seguridad Nacional.

En respuesta, el oficialismo aceptó evaluar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el funcionamiento del organismo.

Asimismo, se analizan modificaciones al artículo 111, relacionado con campañas de desinformación e injerencia extranjera en procesos electorales, además de aclaraciones sobre la participación de provincias y municipios y las autoridades responsables de aplicar la normativa.

Buscan alcanzar un acuerdo para obtener dictamen

Mientras continúan las negociaciones, los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas solicitaron dividir el proyecto en dos partes: una dedicada exclusivamente a la cuestión Malvinas y otra destinada a las reformas relacionadas con inteligencia, seguridad nacional y otras disposiciones.

No obstante, la Casa Rosada descartó esa posibilidad y mantiene su intención de avanzar con una iniciativa integral.

En este escenario, los sectores dialoguistas ya recibieron una nueva versión del texto y analizarán las modificaciones propuestas antes del próximo plenario de comisiones.

Si el oficialismo consigue reunir los respaldos necesarios, el dictamen podría firmarse durante la semana del 26 de octubre, lo que permitiría habilitar posteriormente su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el proyecto continuará bajo discusión en medio de diferencias parlamentarias y cuestionamientos diplomáticos. El alcance de las sanciones a la explotación de recursos en Malvinas y las reformas en materia de seguridad serán determinantes para definir si el oficialismo logra avanzar con su aprobación.

Fuente: TN – Fernando Fraquelli.