La historia de Facundo Díaz, docente santacruceño fallecido en 2019 tras atravesar una denuncia que su familia sostiene que fue falsa, se convirtió en el origen de una nueva normativa destinada a brindar asistencia a trabajadores de la Administración Pública Provincial que enfrenten procesos administrativos.

Su madre, Graciela Riquelme, recordó que Facundo tenía una marcada vocación docente y que, luego de ser denunciado y apartado de sus funciones, atravesó un período que describió como de fuerte desprotección institucional y exposición social. A partir de aquella experiencia decidió impulsar una iniciativa para evitar que otras personas enfrenten situaciones similares sin contención.

El proyecto, presentado por la diputada Adriana Nieto, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y actualmente se encuentra en proceso de promulgación. Aunque inicialmente estaba orientado al sector docente, durante su tratamiento fue ampliado para alcanzar a los trabajadores de la administración pública.

En este sentido, la denominada Ley Facundo contempla herramientas de asistencia jurídica y psicológica, además de la posibilidad de contar con un perito de parte para quienes se encuentren sumariados, suspendidos o atravesando una investigación administrativa.

Riquelme valoró el acompañamiento recibido durante el proceso legislativo y destacó que su objetivo siempre fue transformar la pérdida de su hijo en una herramienta que pudiera ayudar a otras personas. Paralelamente, avanza la conformación de la Fundación Facundo Díaz, destinada a continuar con tareas de acompañamiento.

Con la normativa próxima a su promulgación, el caso de Facundo deja así una respuesta institucional que busca fortalecer las garantías y la contención de los agentes públicos durante este tipo de procedimientos.