El presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, junto a las diputadas Adriana Nieto López y Fabiola Loreiro, exigieron explicaciones a Javier Santiago Jara, diputado por Las Heras e integrante de MOVERÉ, el espacio vinculado a los hermanos Carambia. Cuestionaron la decisión de levantar definitivamente la sesión legislativa y advirtieron sobre posibles acciones judiciales.

La decisión de levantar definitivamente la sesión legislativa de este jueves 8 de octubre generó cuestionamientos dentro de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Los legisladores Santiago Aberastain, Adriana Nieto López y Fabiola Loreiro, integrantes del bloque Por Santa Cruz, presentaron un pedido formal dirigido a Javier Santiago Jara, vicepresidente primero de la Cámara, quien ejercía la Presidencia durante la sesión, para conocer los fundamentos que motivaron la interrupción de la actividad parlamentaria.

Jara es diputado provincial por el municipio de Las Heras e integra MOVERÉ, el espacio político vinculado a los hermanos Carambia. En abril de este año se apartó del bloque oficialista Por Santa Cruz y posteriormente conformó su propio bloque legislativo.

En este contexto, los diputados cuestionaron que la determinación se habría adoptado de manera unilateral, sin someter previamente a consideración del Cuerpo Legislativo otras alternativas que permitieran garantizar la continuidad de la sesión.

La presentación hace referencia al ingreso de personas ajenas al recinto y a presuntos incidentes que habrían alterado el orden. También menciona un episodio de violencia que habría sufrido una trabajadora legislativa. Ante esta situación, los diputados solicitaron conocer si se realizaron denuncias penales y qué medidas de protección se implementaron.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Reglamento de la Cámara contempla mecanismos para restablecer el orden sin necesidad de finalizar definitivamente una sesión.

En ese sentido, citaron los artículos 152 al 159, que establecen distintas herramientas reglamentarias, entre ellas llamados al orden, intervención de la fuerza pública, desalojo y suspensión temporal de la actividad con posibilidad de reanudación.

Los legisladores sostuvieron que, aun frente a situaciones extraordinarias, la Presidencia debe justificar por qué las medidas disponibles resultaron insuficientes antes de adoptar una decisión de semejante trascendencia institucional.

Por otra parte, la presentación señala que las personas que ingresaron al recinto se encontraban sentadas y no habrían generado disturbios, gritos ni alteraciones que impidieran manifiestamente continuar con la sesión. Por este motivo, reclamaron conocer cuáles fueron las circunstancias concretas que llevaron a disponer su levantamiento definitivo.

DIEZ PUNTOS Y UN PLAZO DE 24 HORAS

A través de la nota, los diputados formularon diez requerimientos que incluyen un informe cronológico de los acontecimientos, la identificación de los incidentes registrados, las medidas de seguridad adoptadas y las razones por las cuales no se recurrió a una suspensión temporal.

También solicitaron información sobre una eventual intervención de la fuerza pública, las instrucciones impartidas, los registros audiovisuales y las actuaciones administrativas o judiciales vinculadas con los hechos.

En particular, exigieron conocer qué medidas se adoptaron para proteger a la trabajadora legislativa que habría sufrido una agresión y si se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La presentación establece un plazo máximo de 24 horas para recibir una respuesta formal, fundada y acompañada de documentación.

ADVIERTEN SOBRE POSIBLES ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES

Finalmente, los diputados advirtieron que la falta de una respuesta oportuna y documentada podría dar lugar a una evaluación de las responsabilidades institucionales y legales de quienes intervinieron en la decisión.

En el escrito dejaron expresamente planteada la posibilidad de promover actuaciones administrativas, institucionales y judiciales, incluso ante el fuero penal, si correspondiera.

Los legisladores remarcaron que garantizar la seguridad dentro del recinto constituye una obligación de las autoridades, pero señalaron que esa responsabilidad también debe contemplar la continuidad del funcionamiento del Poder Legislativo.

La presentación concluye con un reclamo de esclarecimiento sobre una decisión que impidió continuar con el tratamiento de los asuntos previstos en el orden del día y que, según los firmantes, requiere una justificación concreta y debidamente documentada.