La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de la causa judicial que investigaba al expresidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el préstamo de 57.100 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2018. La resolución, conocida este lunes 19 de octubre, dejó firme el archivo de las actuaciones después de más de cinco años de investigación.

En este contexto, la decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, luego de que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, desistiera del recurso presentado para cuestionar el cierre del expediente.

La investigación también había involucrado al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al expresidente del Banco Central Guido Sandleris y a otros exfuncionarios de la administración de Cambiemos.

Qué investigaba la Justicia sobre el préstamo del FMI

La causa se inició a partir de distintas denuncias que cuestionaban las condiciones en las que el Gobierno nacional había negociado y obtenido el financiamiento internacional.

El acuerdo original, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, contemplaba un préstamo de 50.000 millones de dólares, que posteriormente fue ampliado hasta alcanzar los 57.100 millones.

En este marco, la investigación buscaba determinar si el endeudamiento y el posterior destino de los fondos habían permitido financiar maniobras de fuga de capitales en perjuicio del Estado argentino.

Asimismo, se analizaron posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

Otra de las cuestiones examinadas fue si durante la negociación, suscripción y ejecución del acuerdo se habían incumplido disposiciones legales relacionadas con la contratación de deuda pública.

Sin embargo, las instancias judiciales que intervinieron no encontraron elementos suficientes para sostener una acusación penal.

El fiscal desistió de continuar con la apelación

Uno de los puntos determinantes para el cierre del expediente fue la decisión del fiscal Raúl Pleé de retirar el recurso impulsado por representantes del Ministerio Público Fiscal de instancias anteriores.

En febrero de 2026, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo de la investigación por inexistencia de delito. Posteriormente, en septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa resolución.

Ante esta situación, el fiscal José Luis Agüero Iturbe intentó que la causa fuera revisada por Casación. No obstante, cuando el expediente llegó a esa instancia, Pleé resolvió no continuar con la impugnación.

En su dictamen, sostuvo que después de más de cinco años de investigación no se habían identificado nuevas medidas de prueba capaces de modificar las conclusiones judiciales anteriores.

Además, consideró que las actuaciones no permitían sostener una hipótesis delictiva suficientemente fundada y que las diferencias respecto de una política económica no alcanzaban, por sí solas, para justificar la continuidad de una investigación penal.

De esta manera, Casación tuvo por desistido el recurso fiscal sin ingresar nuevamente al análisis de fondo de las acusaciones, lo que permitió mantener el archivo de la causa.

Rechazaron nuevos planteos para mantener abierta la investigación

Por otra parte, el tribunal también rechazó las presentaciones realizadas por Antonio Conrado De Martino, un particular que había intentado intervenir como querellante en su condición de ciudadano y contribuy