Una polémica se desató en el ámbito judicial de Santa Cruz luego de que trascendiera que la jueza Griselda Isabel Bard, con funciones en Caleta Olivia, habría difundido a través de WhatsApp información promocional de un estudio jurídico vinculado a su entorno familiar. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso iniciar actuaciones administrativas para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió algún incumplimiento de las normas que regulan la conducta de los magistrados.

Según informó La Opinión Austral, la controversia surgió a partir de publicaciones atribuidas a la funcionaria judicial en las que se difundían los horarios de atención de Lex Andina, un estudio jurídico relacionado con su esposo y su hijo. La situación generó interrogantes sobre los límites entre el ejercicio de la función judicial y la promoción de actividades profesionales privadas.

El Tribunal Superior inició actuaciones administrativas

En este contexto, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, encabezada por Gabriel Contreras, emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de actuaciones administrativas para esclarecer lo sucedido.

La medida tiene como finalidad analizar las publicaciones difundidas y verificar si la conducta atribuida a la magistrada se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Asimismo, el procedimiento permitirá determinar las circunstancias en las que se compartió la información y evaluar si corresponde adoptar alguna medida institucional.

Cabe señalar que la apertura de estas actuaciones no implica que se haya acreditado una falta disciplinaria, sino que constituye una instancia destinada a examinar los hechos.

Advierten sobre el uso de redes sociales en el Poder Judicial

Por otra parte, el máximo tribunal provincial dispuso una medida dirigida a todos los integrantes del Poder Judicial santacruceño.

A través de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, se ordenó emitir una circular general para recordar la importancia de utilizar con prudencia y responsabilidad las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea.

La disposición apunta a reforzar los criterios de conducta institucional y prevenir situaciones que puedan generar cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad de quienes desempeñan funciones judiciales.

Una controversia que abre interrogantes institucionales

El episodio puso nuevamente en discusión los límites que deben observar los funcionarios judiciales en sus comunicaciones personales y su relación con actividades profesionales desarrolladas por familiares.

En el caso de Bard, el análisis administrativo estará centrado en establecer si las publicaciones atribuidas a la magistrada constituyeron una promoción incompatible con las obligaciones de su cargo.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio y determinar si existe alguna responsabilidad administrativa.

De esta manera, la controversia que comenzó con una publicación en WhatsApp llegó al máximo órgano judicial de Santa Cruz, que deberá evaluar los hechos conforme a la normativa vigente.