Centro Chileno de Río Gallegos: designaron una comisión para regularizar la institución y convocar a elecciones
La Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz dispuso la intervención de una comisión normalizadora para reorganizar el funcionamiento institucional del Centro Chileno de Río Gallegos.
El Centro Chileno de Río Gallegos atraviesa un proceso de normalización institucional luego de una serie de conflictos internos que derivaron en presentaciones judiciales y cuestionamientos sobre la conducción de la entidad. En este contexto, la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz estableció un plazo inicial de 90 días para avanzar en la regularización administrativa y garantizar que los socios puedan elegir nuevas autoridades.
La secretaria general del organismo, Olga Álvarez, explicó durante una entrevista con Radio LU12 AM680 que la medida busca recuperar el funcionamiento democrático de la asociación y resolver las irregularidades administrativas acumuladas durante los últimos años.
"Lo que estamos tratando de hacer es garantizarles a los socios de la comunidad chilena y a todos los riogalleguenses que comparten la historia del Centro Chileno que vuelvan a tener la vida institucional democrática que corresponde", manifestó.
Una comisión normalizadora tendrá 90 días para reorganizar la institución
La comisión designada está integrada por Blanca Pacheco, Edmundo Mancilla y José Almonacid, quienes tendrán a su cargo las tareas necesarias para regularizar la situación institucional del Centro Chileno.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran la elaboración de un nuevo padrón de socios, la actualización de la documentación administrativa y la presentación de los balances contables pendientes desde 2022.
Asimismo, deberán convocar a una asamblea extraordinaria y organizar el proceso electoral que permitirá renovar las autoridades de la asociación.
En este sentido, Álvarez precisó que el plazo inicial será de 90 días, con posibilidad de dos prórrogas, en caso de que las tareas no puedan completarse dentro del período establecido.
La funcionaria aclaró que el objetivo es garantizar un procedimiento transparente, en el que todos los socios que cumplan con los requisitos correspondientes puedan participar de la elección.
El mandato de la conducción venció en diciembre de 2024
Uno de los aspectos centrales del conflicto está relacionado con la situación de las actuales autoridades de la institución.
Según explicó la representante de Personas Jurídicas, el mandato de la conducción encabezada por Pedro Díaz venció el 22 de diciembre de 2024, sin que hasta el momento se hubiera concretado un proceso de renovación de autoridades.
Por otra parte, recordó que las diferencias se remontan a una asamblea realizada en 2022, durante la cual Díaz fue designado presidente. Posteriormente, surgieron cuestionamientos vinculados con la conformación del padrón de socios y las condiciones de convocatoria, que terminaron judicializándose.
Ante la continuidad de las disputas, el organismo provincial resolvió avanzar con la normalización institucional, independientemente de las actuaciones judiciales en curso.
No obstante, Álvarez aclaró que los integrantes de la conducción saliente podrán presentarse nuevamente como candidatos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para participar del proceso electoral.
Buscan poner fin a las disputas internas
El conflicto institucional también derivó en momentos de tensión entre sectores vinculados con la asociación. Durante la tarde del lunes 19 de octubre, incluso debió intervenir personal policial para evitar que las discusiones pasaran a mayores.
Frente a este escenario, desde el organismo provincial hicieron un llamado a los socios para que prioricen la recuperación del funcionamiento democrático de la institución.
"Yo insto a ambas partes o a todos los asociados del Centro Chileno a vivir democráticamente, a que la asociación cumpla con la finalidad que tiene, que es nuclearlos a ellos", expresó la funcionaria.
En este marco, remarcó que la comisión normalizadora tendrá como principal responsabilidad generar las condiciones administrativas y legales necesarias para que los integrantes de la comunidad puedan definir democráticamente quiénes conducirán la entidad.
Preocupación por la continuidad de las actividades de los feriantes
Otro de los aspectos abordados fue la situación de los feriantes que desarrollan sus actividades dentro de las instalaciones del Centro Chileno y que manifestaron preocupación ante las posibles consecuencias del conflicto institucional.
Al respecto, Álvarez señaló que se buscará garantizar la continuidad de estas actividades mediante acuerdos entre la comisión normalizadora y quienes utilizan habitualmente el espacio.
Asimismo, explicó que los integrantes de la comisión deberán convocar a los feriantes para establecer pautas de convivencia y funcionamiento durante el proceso de reorganización.
"Yo estimo que vamos a tratar de que todos puedan convivir dentro de lo que es el ámbito del Centro Chileno", sostuvo.
De esta manera, el organismo provincial buscará compatibilizar la regularización institucional con las actividades sociales y comerciales que se desarrollan en el establecimiento.
El objetivo es recuperar el funcionamiento democrático
Finalmente, desde la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas remarcaron que el procedimiento se lleva adelante dentro de las facultades establecidas por la Ley Provincial N.º 3801, que regula el funcionamiento del organismo.
La intervención administrativa apunta a garantizar que el Centro Chileno pueda regularizar su situación contable, actualizar su padrón y convocar a una elección de autoridades conforme a las disposiciones vigentes.
Con un plazo inicial de 90 días y la posibilidad de extenderlo en dos oportunidades, la comisión normalizadora deberá avanzar en la reorganización de una institución que atraviesa un prolongado conflicto interno.
Mientras tanto, los socios y feriantes permanecerán a la expectativa de las medidas que se adopten para recuperar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad de las actividades del Centro Chileno de Río Gallegos.
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