El descarrilamiento de una formación ferroviaria de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) continúa generando repercusiones en Santa Cruz. En este contexto, el secretario general de ATE provincial, Carlos Garzón, anunció que el sindicato buscará constituirse como querellante en la investigación judicial por el incidente ocurrido el miércoles 7 de octubre, cuando una locomotora y tres vagones cargados de carbón descarrilaron mientras se dirigían hacia el puerto de Punta Loyola.

A través de sus redes sociales, el dirigente sindical sostuvo que los primeros peritajes realizados por el Ministerio de Trabajo y la Policía de Santa Cruz apuntarían a una posible intervención deliberada sobre las vías. Sin embargo, aclaró que todavía se aguardan los informes oficiales para determinar las causas del episodio.

“Hay que decirlo con toda claridad: ¡FUE UN ATENTADO!”, manifestó Garzón, quien exigió que se investigue lo ocurrido y se identifique a los eventuales responsables. Asimismo, cuestionó la reacción de distintos sectores políticos frente a un hecho que, según consideró, puso en riesgo la vida de los trabajadores y la continuidad de la actividad productiva.

En este sentido, confirmó que ATE buscará participar activamente en el proceso judicial. “Desde ATE vamos a ir a fondo para exigir que se encuentre a los responsables. Debe haber una condena ejemplificadora”, expresó, al reclamar que la investigación avance hasta esclarecer las circunstancias del descarrilamiento.

Por otra parte, el incidente se produjo cuando la formación transportaba aproximadamente 600 toneladas de carbón desde la Cuenca Carbonífera hacia Punta Loyola. Como consecuencia, la locomotora volcó y tres vagones salieron de las vías, mientras que los dos trabajadores que se encontraban en la cabina sufrieron golpes y contusiones, aunque posteriormente quedaron fuera de peligro.

Tras el hecho, personal de YCRT encontró un antiguo elemento ferroviario sobre las vías, con marcas compatibles con el impacto de una rueda. Este hallazgo será analizado como parte de las evidencias para establecer si existió una maniobra intencional o si el descarrilamiento respondió a otras circunstancias.

Ante esta situación, la empresa realizó una presentación ante la Justicia Federal y solicitó peritajes para determinar las causas del incidente. Entretanto, la investigación deberá establecer el origen del elemento encontrado y su posible relación con el accidente.

Asimismo, Garzón advirtió sobre las consecuencias que un episodio de estas características podría tener para las familias que dependen de la actividad carbonífera. “Están jugando con la vida y con el plato de comida de toda la cuenca”, afirmó, al vincular su preocupación con la seguridad de los trabajadores y la continuidad de la producción.

Finalmente, mientras avanzan las actuaciones judiciales, ATE reafirmó su intención de intervenir en la causa y reclamar que se determinen las responsabilidades correspondientes. La hipótesis de un atentado continúa pendiente de confirmación pericial, por lo que será la investigación judicial la que establezca si existió una acción deliberada detrás del descarrilamiento.