La diputada provincial Adriana Nieto López cuestionó la actuación de Javier Santiago Jara, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, quien se encontraba a cargo de la Presidencia durante la sesión del jueves 8 de octubre. En diálogo con Patagonia al Mundo, la legisladora manifestó su sorpresa por la decisión de interrumpir la actividad parlamentaria y calificó el procedimiento como exagerado.

Según relató, la jornada se desarrollaba con normalidad y existían acuerdos para avanzar con distintos proyectos, entre ellos la emergencia hidrocarburífera. Sin embargo, el ingreso de personas al recinto provocó un cuarto intermedio y, posteriormente, Jara resolvió levantar definitivamente la sesión por motivos de seguridad.

En este contexto, Nieto sostuvo que la decisión debía someterse a votación y contar con la aprobación de la mayoría de los legisladores, algo que, según aseguró, no ocurrió. “El dueño de la sesión no es nunca el presidente. El presidente de la Cámara es el que dirige la sesión”, expresó.

Asimismo, explicó que existían alternativas reglamentarias para restablecer el orden, como extender el cuarto intermedio, desalojar la sala o solicitar la intervención policial. Si bien reconoció que inicialmente desconocían la gravedad de los incidentes, consideró necesario esclarecer qué circunstancias justificaron una medida de semejante magnitud.

Por otra parte, confirmó que, junto a Santiago Aberastain y Fabiola Loreiro, presentó un requerimiento formal para conocer los fundamentos de la suspensión, las actuaciones de seguridad y las comunicaciones realizadas con las autoridades policiales.

En cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, Nieto señaló que podría evaluarse una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, siempre que se comprobaran irregularidades. No obstante, aclaró que cualquier determinación dependerá del análisis de la documentación correspondiente.

Frente a estos cuestionamientos, Jara defendió su decisión mediante un comunicado difundido el sábado 10 de octubre. Según manifestó, una trabajadora legislativa sufrió una agresión y presentó una denuncia penal. Además, aseguró que el responsable del operativo policial advirtió sobre la falta de garantías para continuar con la sesión, por lo que invocó el artículo 157 del Reglamento Interno.

Finalmente, la controversia mantiene abierto el debate sobre las facultades de las autoridades parlamentarias y los procedimientos que deben aplicarse ante situaciones excepcionales. Mientras tanto, proyectos como la emergencia hidrocarburífera quedaron pendientes de tratamiento, con una nueva sesión ordinaria prevista para el 22 de octubre.