Sin embargo, Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos no intervinieron y el salón no pudo ser clausurado administrativamente. La ausencia de las áreas municipales apunta a una decisión que habría sido tomada por la secretaria de Gobierno, Sara Delgado. En los próximos días, el caso podría derivar en una denuncia por un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la falta de intervención municipal en un procedimiento que involucró a menores y las obligaciones de protección previstas por la legislación vigente.

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El procedimiento se realizó durante la madrugada del 26 de septiembre, en el marco de los controles preventivos contra la trata de personas. Participaron la División Trata de Personas Sur, áreas de Investigaciones y Operaciones, División Canes, Comando de Patrullas, Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y Guardia de Infantería. También intervinieron el Ministerio de Trabajo y personal de Niñez.

Pese al despliegue, las áreas municipales con competencia sobre el establecimiento no estuvieron presentes. El salón, ubicado en el barrio Patagonia, no habría contado con la autorización correspondiente para desarrollar el evento y no pudo ser clausurado administrativamente.

En este marco, personal de Tránsito habría recibido cerca de la medianoche la indicación de retirarse. En tanto, desde Comercio se habría dispuesto no atender los requerimientos policiales durante esa jornada. Las directivas son atribuidas a Sara Delgado, aunque resta establecer formalmente cómo fueron impartidas.

Por su parte, Vanessa Echevarría, directora de Comercio, y Carla Gauna, directora de Bromatología, están al frente de dos de las áreas que no participaron aquella madrugada. Ahora deberá establecerse qué instrucciones recibieron y por qué no hubo intervención municipal.

La situación adquiere mayor relevancia por la presencia de 65 menores. La Ley Nacional 26.061 establece un régimen de protección integral de niñas, niños y adolescentes y dispone la prioridad en su protección y auxilio por parte de los organismos estatales.

Finalmente, deberá determinarse quién impartió las órdenes que dejaron sin intervención a las áreas municipales y si lo ocurrido puede derivar en responsabilidades administrativas o penales. La eventual existencia de un incumplimiento de los deberes de funcionario público deberá ser determinada por la Justicia.