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En este sentido, Vidal queda doblemente expuesto. El oficialismo debería resolver sus diferencias durante el tratamiento legislativo y evitar llegar al veto. No ocurrió y, además, los vetos habrían sido enviados fuera de término.

 

En este contexto, las responsabilidades atraviesan distintas áreas. Belén Elmiger, como ministra de Gobierno, tiene un rol relevante en la relación del Ejecutivo con la Legislatura. También están el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el ministro de Economía, Ezequiel Verbes; Santiago Aberastain, al frente del bloque oficialista; los presidentes de las comisiones y los asesores jurídicos y políticos.

 

En este marco, la Constitución provincial establece 16 días hábiles para que el Ejecutivo promulgue o vete una ley. Los tres vetos habrían regresado a la Cámara cuando ese plazo ya estaba vencido.

 

En este sentido, uno de los casos corresponde a una iniciativa de Pedro Muñoz vinculada a la modificación de la Ley 3476 y al destino de fondos provenientes de la actividad minera. El veto habría llegado fuera de término y la norma terminó promulgada.

 

Finalmente, cuando falla la coordinación política y también los plazos legales, los errores ocurren en distintos escritorios, pero el costo político termina recayendo sobre el gobernador.

Autor: admin