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En este sentido, la causa instruida por el ataque a balazos contra una propiedad del barrio El Faro dio un vuelco determinante a partir de las pruebas que señalan la imposibilidad material de que cuatro de los imputados hayan participado en el hecho investigado en Río Gallegos.

Por este motivo, familiares de los jóvenes oriundos de Perito Moreno presentaron una batería de elementos probatorios ante el Juzgado de Instrucción N° 2 —encabezado por la jueza Yamila Bórquez— para certificar que los acusados se encontraban en el norte santacruceño durante la jornada en que la Policía ubica la balacera sobre la calle Beccar. Entre los resguardos incorporados al expediente se destacan filmaciones de cámaras de seguridad privadas que muestran a los jóvenes en un cumpleaños familiar a más de 800 kilómetros de la capital, además de registros de estaciones de servicio y exposiciones policiales tomadas en Los Antiguos.

A raíz de esto, la presencia del grupo en Río Gallegos se produjo días después del episodio y estuvo motivada exclusivamente por una transacción comercial irregular. De acuerdo con el testimonio brindado por Horacio Vega —padre de uno de los detenidos— los imputados viajaron a la capital para exigir una compensación tras ser estafados en la compra de una camioneta involucrada en una causa por narcotráfico, siendo interceptados por los efectivos policiales en el preciso instante en que los vendedores riogalleguenses intentaban entregarles otro rodado como reparación económica.

Asimismo, durante la jornada de indagatorias los acusados decidieron declarar y romper el silencio ante la autoridad judicial para ratificar su coartada y aportar los comprobantes bancarios del fondo de desempleo que justifican la procedencia del dinero secuestrado. La representación legal formalizó el pedido de excarcelación, mientras la Justicia analiza las contradicciones entre el informe policial inicial y las evidencias de localización presentadas por las defensas.