Este viernes fue presentado en Río Gallegos un proyecto de nuevo Código Procesal Penal para Santa Cruz, elaborado por el Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de la Abogacía. La propuesta plantea una reforma integral del sistema vigente y busca avanzar desde el actual esquema mixto hacia un modelo acusatorio, oral y público.

La presentación se realizó en la sede del Colegio Público de la Abogacía y estuvo encabezada por Joaquín A. Cabral, presidente del Instituto de Derecho Penal y autor de la iniciativa. También participaron la titular de la institución, Diana Huerga Cuervo, y el abogado Javier Stoessel, integrante del Instituto.

El encuentro estuvo destinado a profesionales matriculados y a la comunidad jurídica. Además, se habilitó una transmisión virtual para abogados del interior de la provincia.

Un nuevo esquema para investigar y juzgar

Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la distribución de funciones dentro del proceso penal. El Ministerio Público Fiscal tendría a su cargo la investigación y la acusación, mientras que la defensa ejercerá la contradicción y los jueces quedarían concentrados en el control de las garantías y la resolución de los casos.

De esta manera, la iniciativa busca modificar el funcionamiento actual, en el que el juez de instrucción también interviene en la etapa investigativa.

El proyecto fue desarrollado durante más de cinco años y, según sus autores, apunta a establecer reglas más claras para cada etapa del proceso, con una mayor separación entre las tareas de investigar, defender y juzgar.

Oralidad, audiencias y juicio por jurados

Otro de los ejes centrales es la incorporación de la oralidad como principio del proceso. La propuesta contempla audiencias públicas, participación directa de las partes y registro audiovisual de las actuaciones, con el objetivo de reducir el peso del expediente escrito.

Además, incorpora el juicio por jurados. Su puesta en funcionamiento requerirá posteriormente normas específicas que determinen cuestiones como la selección y conformación de los ciudadanos que integrarán los tribunales.

Nuevas reglas para la prisión preventiva

El proyecto también establece modificaciones en materia de prisión preventiva, que quedaría reservada para situaciones en las que existan riesgos procesales concretos.

La iniciativa contempla límites temporales y revisiones periódicas de esta medida. Asimismo, establece que circunstancias como la pobreza, la falta de empleo o la nacionalidad no puedan ser utilizadas por sí solas como fundamento para disponer un encarcelamiento preventivo.

A esto se suman disposiciones específicas sobre evidencia digital y prueba científica, con reglas para garantizar su correcta obtención, conservación, integridad y trazabilidad.

Derechos de las víctimas y proceso penal juvenil

La propuesta incorpora además herramientas destinadas a fortalecer los derechos de las víctimas y contempla mecanismos específicos para determinados casos de usurpación, incluida la posibilidad de solicitar la restitución provisional de inmuebles bajo determinadas condiciones.

Otro capítulo está dedicado al Proceso Penal Juvenil, con principios vinculados a la especialidad, el interés superior, la autonomía progresiva, la defensa especializada, la confidencialidad y las soluciones restaurativas.

En este ámbito, el proyecto establece que la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso y prevé la capacitación y especialización de los operadores judiciales y equipos interdisciplinarios que intervengan en estos procesos.

Un proyecto de 402 artículos

El texto presentado está compuesto por 402 artículos e incluye documentación técnica relacionada con su implementación, organización territorial, recursos humanos, infraestructura y posible impacto institucional y presupuestario.

De acuerdo con lo informado durante la presentación, en los próximos días el proyecto sería girado a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde comenzará el proceso de análisis legislativo.