Carlos Alberto Albarracín, actual titular del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, obtuvo el primer lugar en el Concurso N.º 106 para integrar la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos. Antes de que la Legislatura vote su pliego, Daniel Peralta, diputado provincial de Unión por la Patria, difundió un video en el que puso en duda la independencia del magistrado, lo vinculó con el Poder Ejecutivo y expresó públicamente qué espera de su futuro desempeño.

“Ahora esperemos que ese juez cumpla”, afirmó Peralta. En este sentido, sostuvo que Albarracín habría avanzado “siguiendo, entiendo yo, un poco la línea marcada por el Poder Ejecutivo”.

En primer lugar, las declaraciones adquieren gravedad institucional por el momento en el que fueron realizadas. Peralta deberá intervenir en el tratamiento del pliego y, antes de votar, le indicó públicamente al candidato qué espera que “cumpla”.

Además, le reclamó que, cuando llegue a la Cámara, avance con el caso de Fernando Españón. De esta manera, no solamente puso en duda la futura imparcialidad del juez, sino que también le señaló qué causa pretende que atienda.

Españón dejó su banca en febrero de 2026, cuando la Legislatura aceptó su renuncia. El exdiputado se encuentra involucrado en causas por presunto abuso de autoridad y abuso sexual.

En este contexto, un legislador tiene derecho a examinar los antecedentes de un candidato, cuestionar su postulación y votar a favor o en contra. Sin embargo, esa facultad no lo habilita a condicionar el contenido de las futuras decisiones judiciales.

Por su parte, Albarracín obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. Adriana Carolina Peralta, cuñada de Daniel Peralta, quedó segunda, y Karen Neda Gordillo Sanuy ocupó el tercer puesto.

Peralta negó haber realizado gestiones para favorecer a su cuñada y reconoció que el gobernador Claudio Vidal tenía la facultad de elegir a uno de los integrantes de la terna. No obstante, inmediatamente después cuestionó a Albarracín y lo vinculó con una supuesta línea política del Ejecutivo.

¿LAS DECLARACIONES CONSTITUYEN UN DELITO?

Las manifestaciones son institucionalmente graves, pero por sí solas no permiten afirmar que Daniel Peralta haya cometido un delito.

El Código Penal contempla el delito de atentado contra la autoridad cuando se utiliza intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

En este caso, para determinar si las declaraciones pueden encuadrarse en alguna figura penal, sería necesario analizar el video completo y establecer si existió una presión o intimidación concreta sobre el magistrado.

En tanto, corresponde hablar de un posible intento de condicionamiento político, pero no presentar como probado un delito. La situación podría adquirir otra dimensión si existieran amenazas, intimidaciones, acuerdos u otras acciones dirigidas a influir sobre las resoluciones del juez.

Un magistrado no debe responder a las expectativas del gobernador que lo propone ni de los diputados que votan su pliego. Su obligación es actuar de acuerdo con la Constitución, las leyes y las pruebas incorporadas en cada expediente.

Finalmente, la Cámara deberá decidir la designación de Albarracín en medio de una fuerte controversia política. El interrogante institucional es si Daniel Peralta utilizó su posición como legislador para transmitirle al futuro camarista qué espera de él antes de votar su pliego.