El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, defendió el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes y cuestionó las versiones que, según sostuvo, generan confusión sobre la titularidad de las tierras y las autorizaciones otorgadas para el desarrollo.

En una entrevista radial, Garay explicó que la iniciativa se encuentra enmarcada en el Plan de Manejo de la Península de Magallanes, aprobado en 2022, y que la propuesta presentada por la empresa fue modificada a partir de las observaciones realizadas por el organismo para adecuarla a la normativa vigente.

Un proyecto en tierras privadas

Garay remarcó que los terrenos donde se proyecta el emprendimiento pertenecen al dominio privado desde hace más de seis décadas. Según explicó, los títulos de propiedad fueron transferidos en la década de 1960, por lo que el Estado provincial no tiene actualmente la titularidad de esas tierras.

El proyecto contempla un desarrollo turístico sobre un predio de 20 hectáreas, dentro del área protegida de la Península de Magallanes, que abarca unas 38.900 hectáreas. La propuesta incluye 24 cabañas con capacidad para hasta 60 personas, además de espacios comunes y senderos.

Evaluación ambiental y controles

De acuerdo con lo informado por el titular del CAP, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental en 2023, mientras que su aprobación se produjo en 2024, luego de la intervención de los organismos correspondientes.

Además, el emprendimiento deberá cumplir con requisitos específicos relacionados con el tratamiento de efluentes, prevención de incendios y protección del entorno natural. El Consejo Agrario Provincial tendrá a su cargo los controles destinados a verificar que las obras se ajusten a las condiciones autorizadas.

Garay también señaló que la propuesta inicial de la empresa no cumplía con todos los parámetros establecidos en el Plan de Manejo, por lo que el CAP solicitó modificaciones antes de avanzar con su aprobación.

El expediente será presentado ante la Legislatura

En relación con el pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Garay confirmó que el CAP concurrirá para brindar explicaciones y presentar la documentación vinculada con el proyecto.

La presentación estará acompañada por técnicos de Áreas Protegidas, profesionales del área legal y equipos técnicos del organismo, quienes expondrán los antecedentes administrativos y responderán las consultas de los legisladores.

Desde el CAP sostienen que el emprendimiento representa una inversión privada destinada a ampliar la oferta turística de El Calafate, con potencial impacto en la generación de empleo y en la actividad económica, aunque su desarrollo deberá ajustarse a las condiciones ambientales y administrativas establecidas para el área protegida.