El mandatario municipal y su hermana quedaron alcanzados por una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas durante sus respectivas gestiones al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

La causa analiza posibles responsabilidades por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las actuaciones comprenden procedimientos administrativos, licitaciones y adjudicaciones de tierras realizadas durante las distintas gestiones del organismo.

El expediente está a cargo del juez Giménez. Hasta el momento, los imputados fueron notificados y quedaron formalmente incorporados a la investigación.

Por su parte, Diego Robles fue imputado a partir de una denuncia presentada por empleados municipales. La presentación está relacionada con los aportes descontados de los salarios de los trabajadores que no habrían sido transferidos a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales.

La investigación busca determinar qué ocurrió con esos recursos y establecer las posibles responsabilidades por la falta de transferencia de los aportes a los organismos provinciales.

Las actuaciones continúan. La condición de imputados les permite conocer los hechos atribuidos y ejercer su derecho de defensa, pero todavía no representa una definición sobre sus responsabilidades penales.

Al cierre de esta publicación, ninguno de los funcionarios y exfuncionarios imputados había realizado declaraciones públicas sobre las causas. Su abogado, Mauricio Gómez Bull, tampoco había difundido comunicados ni brindado explicaciones.

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