En este sentido, el Gobierno de Santa Cruz llevó a cabo un amplio operativo de inspección de higiene y seguridad en el yacimiento minero Cerro Negro, operado por la empresa Newmont en cercanías de Perito Moreno, el cual derivó en fuertes actuaciones administrativas y cruces institucionales.

Por este motivo, las actuaciones requirieron del auxilio de la Policía provincial y una orden de allanamiento dictada por la Justicia para garantizar el acceso de los funcionarios al predio sobre la Ruta Provincial 39, luego de que el personal corporativo cerrara los portones con candado y retuviera temporalmente a 12 efectivos policiales dentro del yacimiento. Durante el procedimiento de control, los inspectores detectaron vehículos sin la habilitación reglamentaria —incluyendo un camión transportador de combustible en infracción— y confirmaron además la existencia de un derrame de cianuro en el complejo.

A raíz de esto, la Autoridad de Aplicación laboral ordenó seis ceses de tareas por riesgo severo en las condiciones de trabajo, disponiendo además la paralización preventiva de actividades en un sector clave bajo mina. El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, calificó el panorama de "altamente deficiente" al encuadrar las faltas en las leyes de Higiene y Seguridad Laboral, el procedimiento administrativo provincial y la normativa de empleo 3141, remarcando que el Estado no retrocederá un centímetro ante situaciones que pongan en peligro la vida de los más de 1.200 dependientes del Yacimiento.

Asimismo, desde la Secretaría de Trabajo confirmaron que los operativos continuarán de manera ininterrumpida y adelantaron que evalúan el alcance definitivo de las sanciones, sin descartar una eventual clausura total de la mina Cerro Negro en caso de que las inspecciones sigan arrojando irregularidades críticas.