El Gobierno nacional apelará la resolución del juez federal Martín Cormick, que intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde el Gobierno sostienen que la cautelar ya fue cumplida y que esa posición fue informada y acreditada ante la Justicia.

Una disputa por el cumplimiento de la cautelar

La resolución de Cormick establece que, si el Ejecutivo no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora. El magistrado consideró que no estaba acreditado el cumplimiento total de la medida cautelar.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y a la actualización de becas y programas estudiantiles.

El Gobierno apeló anteriormente esa medida, pero la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario el 25 de junio al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva. De esta manera, la cautelar quedó firme mientras continúa el proceso sobre la cuestión de fondo.

El Gobierno sostiene que ya cumplió

La Casa Rosada sostiene que las medidas adoptadas durante los últimos meses permiten considerar cumplida la cautelar. Entre ellas, menciona un acuerdo alcanzado en junio que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.

En septiembre, además, el Ejecutivo ofreció un 3% adicional de aumento salarial, propuesta que fue rechazada por los gremios universitarios, que mantienen su reclamo por una recomposición mayor.

Ahora, el Gobierno deberá definir si, además de apelar, solicitará que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que implicaría pedir que la intimación judicial no produzca efectos mientras sea revisada por la Cámara.

El conflicto también se discute en el Presupuesto 2027

El escenario judicial se desarrolla en paralelo al debate por el Presupuesto 2027, donde el Gobierno analiza modificaciones en las partidas destinadas a las universidades nacionales.

La discusión de fondo continúa vinculada al Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron esa decisión y la causa todavía no cuenta con una sentencia definitiva.

Mientras tanto, los gremios docentes y no docentes mantienen sus reclamos y las universidades anunciaron nuevas medidas de protesta. La apelación contra la intimación de Cormick será ahora analizada por la Cámara, que deberá definir los próximos pasos del conflicto judicial.