El Poder Ejecutivo de Santa Cruz volvió a enviar a la Cámara de Diputados el pliego de Carlos Alberto Albarracín para ocupar una vocalía en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos.

La nueva presentación fue remitida el 23 de septiembre y quedó formalmente incorporada a la Legislatura, donde fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales. De esta manera, el proceso deberá atravesar nuevamente la instancia de análisis parlamentario antes de llegar al recinto.

El Ejecutivo fundamentó la postulación en el Acuerdo N.º 61 del Consejo de la Magistratura, emitido el 4 de diciembre de 2025, que dio por finalizado el proceso de selección correspondiente al Concurso N.º 106 para cubrir el cargo.

Un nuevo tratamiento tras el rechazo

La nueva postulación se produce después de que la Cámara de Diputados rechazara el mismo pliego durante una sesión ordinaria. En aquella oportunidad, 13 legisladores votaron en contra y 10 lo hicieron a favor, por lo que no se alcanzó el acuerdo necesario para la designación.

La votación también expuso diferencias dentro de los bloques que acompañan al oficialismo. La diputada Claudia Barrientos, de Por Santa Cruz, se pronunció en contra del pliego, mientras que legisladores de Unión por la Patria y representantes de espacios unipersonales también rechazaron la propuesta.

Tras aquella decisión, la diputada Lorena Ponce había cuestionado la posibilidad de que el Ejecutivo volviera a presentar el mismo nombre. Según expresó, el trámite ya había concluido con la decisión de la Legislatura y advirtió sobre la posibilidad de que una nueva presentación habilitara sucesivos tratamientos del mismo pliego.

Albarracín vuelve al circuito legislativo

Con el nuevo envío, Carlos Albarracín vuelve a quedar en consideración de la Cámara de Diputados. El magistrado se desempeña actualmente como juez de Instrucción Penal de El Calafate y fue seleccionado en el marco del concurso convocado para cubrir la vocalía vacante.

Ahora, el expediente deberá ser analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que constituye el primer paso del nuevo recorrido legislativo. Luego, de acuerdo con el avance del trámite, el pliego podría volver al recinto para una nueva votación.