A través de una serie de presentaciones formales concretadas en los últimos días, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) trasladó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una batería de reclamos impulsados por profesionales matriculados, exigiendo medidas concretas e inspecciones ante el deterioro en la prestación del servicio de justicia provincial.

Entre las notas ingresadas, la entidad requirió precisión sobre las sumarios administrativos e investigaciones disciplinarias abiertas a raíz del robo de armas bajo custodia en el Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio, tras la difusión de la terna del Concurso Múltiple 115 del Consejo de la Magistratura. A la par, el Colegio rechazó el criterio adoptado por el máximo tribunal respecto al cobro del derecho fijo (Ley 3913), solicitando dejar sin efecto la circular vigente por considerarla contraria a la norma.

Por otra parte, la conducción del CPASC expuso la preocupación de los matriculados frente a las persistentes demoras y anomalías detectadas en el Juzgado de El Calafate y en la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción —situación agravada por los constantes resorteos—, solicitando auditorías inmediatas y el reporte de las inspecciones ejecutadas previamente en Río Gallegos.

Por último, la institución manifestó su fuerte rechazo al nuevo reglamento de requisitos para la interposición de recursos y al incremento de la tasa para acceder a la instancia de casación. Desde la abogacía alertaron que estas modificaciones lesionan el derecho de defensa y el acceso a la justicia, por lo que solicitaron frenar su vigencia obligatoria y convocar a una mesa de trabajo conjunta entre los jueces del TSJ y los abogados litigantes.