En este sentido, una denuncia radicada ante el juez federal Sebastián Ramos reabrió la controversia en torno al origen del patrimonio rural que Lázaro Báez acumuló en la provincia de Santa Cruz, enfocado en dos emblemáticos establecimientos ganaderos.

Por este motivo, Ana Edith Bórquez de Fadul solicitó la reconstrucción de las decisiones bancarias, judiciales y empresariales que derivaron en la pérdida de las estancias Río Bote y La Entrerriana, las cuales conformaban una unidad productiva de aproximadamente 30.000 hectáreas. La presentación sostiene que, a partir de un conflicto sucesorio y una deuda inicial de 90.000 pesos contraída en 1992 con el entonces Banco de la Provincia de Santa Cruz, la entidad aplicó exigencias financieras severas y rechazó refinanciaciones. La accionante atribuye intervención en estas decisiones a Lázaro Báez en su rol de exgerente crediticio del banco provincial, así como a presuntas coordinaciones con el entorno del entonces gobernador Néstor Kirchner.

A raíz de esto, la denuncia solicita investigar la responsabilidad penal de Báez, del excontador Víctor Manzanares, del abogado Domingo Ortiz de Zárate, de exjueces provinciales y de intermediarios financieros, por la presunta sustracción de documentación contable y ejecución irregular de los predios. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la presentación se encuentra en etapa de requerimiento inicial y que la sola imputación no acredita delitos ni responsabilidades penales fijadas.

Asimismo, ambas propiedades ya registraban antecedentes en el fuero federal y comercial: Río Bote fue subastada en 2022 por $39 millones en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, mientras que La Entrerriana formó parte del relevamiento patrimonial analizado durante el juicio de la causa Vialidad, expediente que documentó la adquisición de más de 600.000 hectáreas por parte del grupo empresarial en suelo santacruceño.