D'Amico: de negar la denuncia a quedar imputada en la causa de salud visual
La concejal radical Daniela D’Amico quedó imputada en una investigación judicial que analiza presuntos cobros irregulares, transferencias y la posible participación de personas sin matrícula profesional. La causa también investiga su presunta vinculación con una fundación.
La concejal de la Unión Cívica Radical Daniela D’Amico, integrante del espacio político de Roxana Reyes y Leonardo Roquel, está imputada en la causa Salud Visual. La investigación comenzó por la denuncia de un óptico de Río Gallegos y otros tres ópticos declararon en el expediente con testimonios que la comprometerían. La Justicia también investiga su presunta vinculación con la Fundación Sembrando Esperanzas, una entidad sin fines de lucro constituida en Caleta Olivia.
La causa tramita mediante el expediente penal N.º 83.539/2025 ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos. Allí se analizan presuntos cobros por anteojos, transferencias a cuentas particulares, atención en espacios que no habrían estado habilitados y la posible participación de personas sin matrícula profesional.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR IMPUTADA?
La imputación no equivale a una condena, pero representa un avance procesal importante. Significa que D’Amico quedó formalmente alcanzada por la causa como posible participante de los hechos investigados. Ya no se trata únicamente de una denuncia pública: existe un expediente, hay testimonios incorporados y la concejal deberá responder ante la Justicia.
En este contexto, la situación adquiere mayor gravedad institucional porque se trata de una funcionaria pública. D’Amico mantiene un alto perfil mediático y suele hablar sobre las denuncias contra otros dirigentes. Sin embargo, cuando surgió el caso Salud Visual negó que existiera una denuncia penal en su contra y posteriormente terminó reconociéndola.
Ahora, la causa que primero negó la tiene imputada. Se esperan nuevas novedades judiciales y explicaciones de la propia concejal sobre los hechos investigados.
También llama la atención el silencio de Roxana Reyes, Leonardo Roquel y las autoridades de la UCR, quienes hablaron reiteradamente de transparencia y Ficha Limpia, pero todavía no se pronunciaron sobre la imputación de una representante de su propio espacio.
Finalmente, informar sobre la situación procesal de una funcionaria no constituye una persecución de la prensa. Es un asunto de interés público. Se espera que la investigación avance sin interferencias políticas y determine las responsabilidades correspondientes.
Patagonia al Mundo
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