En este sentido, el denominado "Chocogate" volvió a poner al descubierto la discrecionalidad con la que se administran los recursos del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, en el marco de un fuerte cruce entre la actual conducción radical y el bloque de Unión por la Patria.

Por este motivo, la polémica se encendió a partir de los cuestionamientos formulados por el edil Martín Chávez respecto a una partida de $1.200.000 destinada a la compra de chocolates. Lejos de desmentirlo, la presidenta del recinto, Daniela D’Amico, justificó la erogación admitiendo que los fondos institucionales fueron utilizados para la realización de talleres territoriales dentro y fuera del edificio parlamentario, confirmando el uso del presupuesto del Deliberante para el armado político y la campaña barrial del radicalismo.

A raíz de esto, en un intento por contrarrestar la acusación, la propia D’Amico contraatacó sacando a la luz la falta de austeridad del sector que integra Chávez, recordando que durante la gestión previa conducida por la exconcejala Soledad Kamu se destinaron $5.500.000 del erario público del cuerpo legislativo para la adquisición de apenas tres plantas destinadas a la decoración del edificio.

Asimismo, el cruce mediático entre ambos espacios dejó en evidencia una preocupante coincidencia en el manejo de las arcas públicas del Deliberante capitalino, donde el dinero de los contribuyentes termina derivado hacia gastos desmedidos, adquisiciones ornamentales millonarias y el financiamiento de actividades con fines estrictamente partidarios.