La querella que representa a 34 familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan reclamó que la condena contra el único acusado declarado responsable sea de cumplimiento efectivo. El planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá analizar los recursos presentados luego de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias consideraron que la realización del juicio oral y la condena representaron un avance para las familias de los 44 tripulantes fallecidos. En un comunicado, sostuvieron que durante el debate quedó acreditado que el submarino presentaba deficiencias técnicas y que la tragedia ocurrida en noviembre de 2017 podría haberse evitado.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó el 8 de julio al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de ejecución condicional y a una inhabilitación especial. La sentencia fue dictada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación.

Según la mayoría de los jueces, Villamide autorizó la patrulla pese a las deficiencias que presentaba la nave y no adoptó las medidas necesarias luego de que el 15 de noviembre de 2017 se reportara el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente se perdió el contacto con el submarino y los restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad.

En el mismo fallo, el tribunal absolvió por unanimidad al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Sin embargo, las apelaciones no terminaron con la sentencia: otra de las querellas, encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, pidió la nulidad de todo el juicio y la realización de un nuevo debate en Mar del Plata.

Por su parte, la defensa de Villamide sostiene que debe ser absuelto y cuestiona que, a casi nueve años de la tragedia, exista certeza sobre lo ocurrido durante las horas previas a la implosión del submarino. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver los distintos planteos y determinar si confirma, modifica o deja sin efecto las decisiones adoptadas en primera instancia.