En este sentido, fuentes vinculadas al ámbito legislativo provincial encendieron las alarmas sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz adopte una postura sistemática de no prestar acuerdo a los candidatos a jueces propuestos por el Poder Ejecutivo tras superar las evaluaciones del Consejo de la Magistratura.

Por este motivo, la paralización afectaría de manera directa a los pliegos destinados a cubrir vacantes en los Juzgados de Instrucción Penal de localidades estratégicas como Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Río Turbio y Puerto Santa Cruz. Esta advertencia cobra fuerza tras el antecedente del pasado 10 de septiembre, fecha en la que el cuerpo legislativo rechazó por 13 votos contra 10 la designación del Dr. Carlos Albarracín para integrar la Cámara en lo Criminal de la capital provincial, a pesar de que el profesional había obtenido el primer puesto en la orden de mérito del concurso público.

A raíz de esto, diversos sectores institucionales cuestionan que, de transformarse en una práctica habitual, esta metodología desarticularía la función técnica del Consejo de la Magistratura, desestimando las etapas de evaluación de antecedentes, exámen de oposición y conformación de ternas sin interponer objeciones concretas sobre la idoneidad o conducta de los concursantes.

Asimismo, la persistencia de esta traba política amenaza con agravar la prestación del servicio de justicia en la provincia, ya que perpetuará la vacancia en tribunales clave, multiplicará los esquemas de subrogancia y dilatará el desarrollo de investigaciones, audiencias y juzgamientos de causas penales en el territorio santacruceño.