En este marco, el representante de los jubilados ante el organismo provincial, Cristian Sánchez, dejó abierta la posibilidad de acudir nuevamente a los tribunales locales para interponer amparos contra los alcances de la medida ejecutiva. De esta manera, el funcionario argumentó que la normativa altera las liquidaciones habituales y perjudica derechos adquiridos por los beneficiarios del sistema asistencial de Santa Cruz.

En esta misma línea, la estrategia del sector pasivo busca frenar el impacto económico sobre los haberes antes de que las quitas queden consolidadas en las próximas planillas. De este modo, los equipos legales analizan los aspectos técnicos del texto normativo para fundamentar las presentaciones administrativas y judiciales de manera urgente.

Asimismo, Sánchez criticó la ausencia de un debate previo en el seno del directorio antes de la firma de la resolución oficial. En este sentido, sostuvo que la falta de consenso genera incertidumbre entre los retirados, a quienes convocó a mantenerse movilizados y atentos al avance de los recursos presentados en los juzgados santacruceños.

Por otro lado, la advertencia reaviva el reclamo generalizado de los gremios en defensa de la movilidad jubilatoria y la sustentabilidad del régimen. De este modo, desde la vocalía ratificaron que agotarán todas las instancias institucionales disponibles para resguardar los ingresos de la clase pasiva.