De esta manera, desde la administración provincial pusieron el foco en el deterioro de las políticas públicas del área tras más de tres décadas de gestión kirchnerista, remarcando la necesidad de reordenar las prioridades para dar respuesta a la demanda social.

En esta misma línea, el relevamiento impulsado por la actual gestión dio cuenta de situaciones críticas en proyectos emblemáticos, como la paralización del programa Casa Propia–Casa Activa o las irregularidades detectadas en la entrega de unidades del plan Techo Digno en Río Gallegos. De este modo, las autoridades señalaron que la rescisión tardía de convenios y la falta de finalización de obras por parte del IDUV derivaron en la extensión de las listas de espera y en el surgimiento de focos de usurpación en distintos puntos del territorio.

Asimismo, los voceros provinciales remarcaron que el fenómeno de las ocupaciones irregulares de terrenos se encuentra directamente vinculado a la incapacidad histórica del Estado para brindar soluciones habitacionales planificadas. En este sentido, aclararon que los peritajes y las actuaciones en marcha buscan determinar el estado real de los contratos e infraestructura, dejando en manos de la Justicia la eventual atribución de responsabilidades penales.

Por otro lado, la estrategia del Ejecutivo provincial apunta a recuperar la capacidad de planificación mediante la declaración de la emergencia habitacional, orientada a agilizar los procesos de terminación de viviendas inconclusas. De este modo, la gestión busca transparentar los padrones de adjudicación y reasignar fondos para reactivar los proyectos demorados en beneficio de las familias santacruceñas.