El Gobierno de Santa Cruz avanza en la actualización de la Ley Provincial N° 3.247 de Seguridad Eléctrica, sancionada en 2011, con el objetivo de adecuar el marco normativo a la estructura institucional y profesional actual de la provincia.

En este marco, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por el secretario de Estado de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo, y la subsecretaria de Infraestructura, Liliana Sánchez, mantuvo una reunión de trabajo con el diputado provincial Santiago Aberastain, representantes de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y del Consejo Profesional de Técnicos de Santa Cruz.

Durante el encuentro se analizaron las modificaciones propuestas a la legislación vigente, que buscan actualizar los mecanismos de control, aprobación y fiscalización de las instalaciones eléctricas en el territorio provincial.

SPSE será la Autoridad de Aplicación

Uno de los principales cambios contemplados en el proyecto establece a SPSE como Autoridad de Aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica. De esta manera, el organismo tendrá entre sus responsabilidades la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en los proyectos y en la documentación técnica correspondiente.

Asimismo, la iniciativa contempla la participación de los cuerpos colegiados establecidos por ley en el visado de planos y documentación de obra, además del control del ejercicio profesional de los instaladores eléctricos.

El proyecto será presentado por el diputado Santiago Aberastain y apunta a ordenar las competencias de los distintos organismos que intervienen en el proceso de autorización y control de las instalaciones.

Un Registro Provincial de profesionales

Otro de los ejes centrales de la propuesta es la creación, en el ámbito de SPSE, de un Registro Provincial de profesionales con incumbencia en materia eléctrica.

El registro contemplará tres niveles de instaladores, definidos de acuerdo con su formación profesional, las características de las instalaciones que podrán ejecutar y los niveles de tensión para los cuales se encuentren habilitados.

La medida busca establecer criterios claros para el ejercicio de la actividad y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control sobre quienes intervienen en proyectos e instalaciones eléctricas.

Más precisiones sobre las responsabilidades

La actualización también incorpora precisiones sobre las funciones que tendrán SPSE, los municipios, las empresas distribuidoras y de transmisión y los profesionales responsables de las obras.

En este sentido, se pretende establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada actor y ordenar los procedimientos relacionados con la presentación, evaluación y aprobación de la documentación técnica.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de invitar a los municipios que en el futuro se desempeñen como distribuidores de energía eléctrica a crear sus propios registros de profesionales, siguiendo criterios equivalentes a los establecidos en la normativa provincial.

Actualmente, la Municipalidad de Pico Truncado constituye un antecedente de este tipo de esquema al desempeñarse como distribuidora de energía eléctrica.

Incorporación del Consejo Profesional de Técnicos

La propuesta también incorpora cambios vinculados con la representación profesional. El Consejo Profesional de Técnicos de Santa Cruz fue creado posteriormente a la sanción de la Ley N° 3.247, mediante la Ley Provincial N° 3.311, y actualmente funciona como un organismo profesional independiente del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura (CPAIA).

Por este motivo, el proyecto contempla su incorporación al esquema institucional previsto para la aplicación de la normativa de seguridad eléctrica.

Durante la reunión participaron, por el Consejo Profesional de Técnicos, su presidente Bernardo Pérez Otey y Raúl Román. En representación de SPSE estuvieron presentes su gerente general, Daniel Martínez; la gerente Provincial Comercial, Silvia Millapel; y el jefe de Departamento Operativo Comercial, Carlos Ulloa.

Trabajo conjunto para reforzar la seguridad

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo Provincial, la Legislatura, SPSE y los organismos profesionales, con el objetivo de adecuar una normativa que lleva más de una década de vigencia a las necesidades actuales.

De esta manera, la actualización de la Ley de Seguridad Eléctrica busca reforzar los controles sobre las instalaciones, ordenar las competencias institucionales y establecer un sistema de registro y habilitación profesional acorde con las características de las obras y los niveles de tensión.

El proyecto será presentado ante la Legislatura provincial para avanzar en el análisis y tratamiento de las modificaciones propuestas.