El Gobierno nacional acelera la elaboración de un nuevo decreto destinado a reglamentar la expulsión de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos, inciten a la violencia por razones de nacionalidad o incurran en conductas contempladas por el DNU 681/2026. La medida busca convertir en un procedimiento operativo una facultad que ya fue incorporada a la normativa migratoria por decisión del presidente Javier Milei.

En este sentido, la Casa Rosada trabaja sobre los aspectos técnicos que todavía quedaron pendientes. Entre ellos, se encuentra la definición de los organismos que participarán, el mecanismo para reunir y validar pruebas y el procedimiento que deberá seguirse cuando la persona señalada ya se encuentre dentro del territorio argentino.

Qué establece el DNU

El decreto firmado a fines de julio incorporó los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra los símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar al país y las causales que pueden derivar en la cancelación de una residencia.

Sin embargo, la nueva reglamentación no creará una facultad de expulsión, sino que establecerá cómo deberá aplicarse la herramienta que ya está vigente. De acuerdo con la normativa, la cancelación de una residencia puede derivar en una intimación para abandonar el país o, dependiendo de las circunstancias, en una expulsión.

Uno de los principales puntos que deberá precisar el Gobierno será cómo se determina que una expresión encuadra dentro de las conductas previstas. La posibilidad que analiza el Ejecutivo contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente, aunque todavía resta establecer qué organismo aportará la información, qué tipo de evidencia será necesaria y quién tendrá a su cargo su validación.

Un límite para las críticas políticas

El propio DNU establece límites para evitar que la nueva causal sea aplicada de manera amplia a cualquier crítica contra el país o el Gobierno. La normativa excluye expresamente las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas que se encuentren protegidas constitucionalmente.

Por lo tanto, la reglamentación deberá establecer criterios claros para diferenciar una manifestación protegida por la libertad de expresión de una conducta que pueda ser considerada discurso de odio o una incitación a la violencia. Ese aspecto será uno de los principales desafíos jurídicos de la implementación.

Endurecimiento de la política migratoria

La iniciativa se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para endurecer los controles migratorios. Desde 2025, la administración de Milei modificó las condiciones de ingreso, residencia y expulsión de extranjeros, además de establecer nuevas disposiciones para quienes se encuentran en situación irregular.

Asimismo, el Ejecutivo reforzó la estructura operativa destinada al control migratorio y fronterizo. Migraciones comenzó a trabajar de manera más coordinada con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras que también se puso en funcionamiento el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF).

A partir de estos cambios, el Gobierno busca centralizar información sobre movimientos migratorios y fortalecer los mecanismos de análisis de riesgo y generación de alertas para los controles de ingreso y permanencia.

Qué falta definir

La reglamentación también deberá establecer qué pasos deberán seguirse cuando una persona extranjera sea señalada por alguna de las conductas contempladas en el DNU. En particular, deberá determinarse cómo se iniciará el procedimiento, qué autoridad intervendrá y cuáles serán las instancias administrativas y judiciales disponibles.

Por ahora, la Casa Rosada no informó una fecha para la firma del nuevo decreto ni difundió un borrador. No obstante, el Gobierno asegura que el trabajo fue retomado y que la reglamentación forma parte de las medidas pendientes para completar la aplicación del DNU 681/2026.

De esta manera, el Ejecutivo busca avanzar desde la incorporación de la nueva causal a la Ley de Migraciones hacia un mecanismo concreto que pueda utilizarse en los controles de ingreso, en la cancelación de residencias y, eventualmente, en procedimientos de expulsión.