En este contexto, la salud mental de los efectivos policiales vuelve al centro del debate. Las recientes declaraciones del excomisario procesado Ramón Quipildor sobre posibles suicidios, en medio de un conflicto marcado por sumarios, cesantías, causas judiciales y episodios de violencia, reavivaron una problemática de Santa Cruz que ya atravesó durante el acuartelamiento policial en el gobierno de Daniel Peralta, en  el que el  sargento primero Miguel Ángel Márquez, integrante del Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia, quien era el  vocero de los policías autoconvocados perdió la  vida.

En ese marco, en enero de 2013, Márquez fue hallado muerto en su domicilio con un disparo en la cabeza. En un primer momento, la investigación no descartó distintas hipótesis. Con el avance de las pericias y de la causa, la investigación se orientó hacia un suicidio con su arma reglamentaria.

Finalmente, el actual diputado provincial de Unión por la Patria, Daniel Peralta, se pronunció públicamente durante las primeras semanas del conflicto policial, donde expuso su visión sobre cómo debía resolverse la situación. Sin embargo, no hizo referencia al histórico acuartelamiento ocurrido durante su gestión ni a sus consecuencias posteriores. Tampoco mencionó el caso de Miguel Ángel Márquez, ocurrido en enero de 2013, ni el debate sobre la salud mental dentro de la fuerza. En las semanas posteriores dejó de referirse públicamente al conflicto, mientras el antecedente volvió a cobrar relevancia tras las recientes declaraciones del excomisario procesado Ramón Quipildor, quien sostuvo que, si un efectivo se quitara la vida, “la responsabilidad sería del gobernador”.