En este marco, seguramente le diríamos que no puede hacerlo. Que pone en riesgo su integridad física, la de sus compañeros, docentes y terceros. Que existen límites que no pueden cruzarse. En este sentido, surge otro interrogante: ¿por qué debería ser diferente cuando quien protagoniza una situación similar es un dirigente sindical docente?

Asimismo, las imágenes difundidas en los últimos días muestran a Juan Valentín, secretario de la filial Río Gallegos de ADOSAC y dirigente del Partido Obrero, utilizando combustible para encender cubiertas durante una protesta. En la misma secuencia aparece Miguel Del Plá, dirigente del Partido Obrero e integrante de la comisión directiva provincial de ADOSAC, observando la situación.

Cabe destacar que lo ocurrido no es un detalle menor. La quema de cubiertas se encuentra prohibida y sancionada en Santa Cruz justamente por los riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad que genera. Además, el episodio ocurrió frente a Casa de Gobierno, a pocos metros de dos establecimientos educativos y un jardín de infantes.

En este sentido, incluso, en las propias imágenes se escucha a una persona advertir que “van a terminar prendidos fuego todos”, reflejando el nivel de riesgo que existía en ese momento. En este contexto, el debate no pasa por estar a favor o en contra de un reclamo gremial, el debate pasa por los límites, por los ejemplos que se transmiten y por la responsabilidad que tienen quienes forman parte del sistema educativo.

Además, porque cuando una conducta es considerada peligrosa para un estudiante, también debería serlo para un dirigente educativo. Y cuando una acción puede poner en riesgo a terceros, debería medirse con la misma vara independientemente de quién la realice. En este contexto, también surge una discusión institucional: la ley debe aplicarse de la misma manera para todos, sin importar cargos, pertenencias gremiales o costos políticos.

De este modo, si existieron hechos que pudieron poner en riesgo a terceros, corresponde que los organismos competentes y la Justicia analicen las responsabilidades que pudieran surgir. Porque por encima de cualquier discusión salarial, gremial o política, está la seguridad y la vida de las personas. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si mañana un estudiante decidiera hacer exactamente lo mismo, ¿cuál sería la respuesta de la sociedad? Ese es el verdadero debate que dejan estas imágenes.

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