En este marco, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de Río Gallegos dictó el sobreseimiento definitivo de los 14 diputados provinciales que habían sido denunciados por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio".

Por consiguiente, la resolución, firmada por el juez Gerardo A. Giménez, desestimó por completo las acusaciones y dejó en una posición muy incómoda a la conducción del sindicato, al determinar de forma taxativa que la denuncia carecía de consistencia jurídica básica.

Asimismo, la causa se había iniciado el pasado 9 de enero de 2026 a partir de una presentación realizada por Juan Franco Mascheroni, secretario general del gremio judicial, quien cuestionaba la incorporación del artículo 35 de la Ley de Presupuesto Provincial 2026.

Cabe destacar que dicho artículo facultaba la liquidación de haberes de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), motivo por el cual Mascheroni acusó a los legisladores de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa y asociación ilícita por el hecho de emitir su voto en el recinto.

En este sentido, el juez Giménez se encargó de desmontar el planteo del gremialista al recordar que la conducta de los diputados se limitó al ejercicio de sus funciones parlamentarias, actos que se encuentran estrictamente protegidos por las inmunidades constitucionales.

Además, el fallo dejó en claro que dictar una ley no puede equipararse a un acto delictivo y que los miembros del Poder Legislativo no administran fondos públicos, tirando por tierra las forzadas interpretaciones de la denuncia original y haciendo que la acusación perdiera seriedad.

En esta misma línea, el golpe de gracia a la estrategia del gremio provino del plano nacional cuando el pasado 14 de mayo de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó de forma definitiva la vigencia de la Ley N° 3949, que ampliaba el TSJ.

De este modo, tras este revés inapelable de la máxima corte del país, el propio fiscal de la causa, Federico Heinz, debió solicitar el sobreseimiento de los acusados al quedar en evidencia que el reclamo del sindicato ya no tenía ningún tipo de asidero, exponiendo la fragilidad de la presentación.

Por otra parte, la resolución benefició directamente a los 14 legisladores provinciales, entre quienes se encuentra Adriana Nieto, cuyo caso expone otra de las contradicciones de la movida sindical ya que, antes de asumir su banca, era la secretaria gremial de Judiciales y par de Mascheroni.

Al mismo tiempo, el dictamen del juez Giménez no ahorró duras críticas para el Ministerio Público Fiscal por haberle dado curso a una causa armada sobre "bases fácticas deficientes", cuestionando a la fiscal subrogante Analía Molina por limitarse a copiar y pegar de forma textual el escrito del gremio.

Atendiendo a esta situación, el magistrado remitió todos los antecedentes a la Secretaría de Superintendencia del TSJ para que evalúe el desempeño de los funcionarios judiciales intervinientes, mientras que el escenario más complicado recayó sobre el propio Juan Franco Mascheroni.

Finalmente, al entender que el uso del fuero penal como una herramienta de presión política institucional resulta inadmisible, el juzgado dispuso el envío de las actuaciones al fiscal de turno para que se investigue formalmente al titular de la Asociación "3 de Julio" por la presunta comisión del delito de falsa denuncia.