En este marco, la investigación judicial por el violento ataque con arma blanca perpetrado el pasado 19 de mayo dentro del campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) sumó un nuevo y polémico escenario procesal.

Mientras el estudiante de primer año de Comunicación Social, José Fernando Águila, se recupera de las graves heridas que lo dejaron al borde de la muerte, la defensa del agente nodocente detenido dio un vuelco a la hipótesis inicial.

Asimismo, el abogado penalista Jorge Trevotich, a cargo de la defensa técnica del trabajador de mantenimiento Pablo B., presentó una versión alternativa del incidente sosteniendo que el imputado no actuó como un agresor unilateral, sino que se defendió en el marco de una riña.

Cabe destacar que, de acuerdo con la estrategia de la defensa, el cuchillo utilizado en el enfrentamiento no pertenecía al nodocente, sino que estaba en poder del propio estudiante universitario, revelando Trevotich la existencia de registros fílmicos clave que ya forman parte de la evaluación de la causa.

En este sentido, el defensor argumentó de forma textual que "están las imágenes donde se ve que Pablo B. fue atacado cuando se estaba yendo", buscando atenuar la calificación legal del caso e informando que su representado debió recibir asistencia médica al presentar una herida punzante en una de sus manos y un traumatismo en la zona frontal del cráneo producto del impacto de una piedra.

Además, al ser consultado sobre el móvil del violento episodio que conmocionó a la capital santacruceña, el abogado defensor evitó profundizar en detalles específicos debido al secreto de sumario, aunque deslizó que el conflicto se originó a partir de un reclamo económico de dinero derivado de una presunta deuda vinculada a "cosas prohibidas" entre los involucrados.

En esta misma línea, esta nueva hipótesis introduce complejidad en un expediente donde la víctima directa, José Fernando Águila, sufrió múltiples puñaladas, padeciendo la perforación de uno de sus pulmones que requirió una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Regional Río Gallegos.

De este modo, en paralelo, y a pesar de que el campus reanudó la actividad administrativa y académica bajo un estricto protocolo de seguridad e instalación de cámaras de monitoreo, la comunidad educativa continúa movilizada mediante asambleas estudiantiles, exigiendo justicia y denunciando la falta de respuestas institucionales a alertas de violencia previas al hecho.