La propuesta de ley que busca reinstaurar el cargo de Procurador General en el Poder Judicial de Santa Cruz generó un fuerte debate entre distintos actores judiciales, con posturas encontradas sobre su conveniencia e impacto institucional. Mientras el Fiscal ante el Tribunal Superior, Lisandro De La Torre, y la Defensora General, Romina Saúl, advirtieron sobre un “retroceso institucional sin precedentes”, el Fiscal de Estado, Ramiro Castillo, defendió la iniciativa, argumentando que se trata de un paso necesario para “restablecer el orden constitucional”.

El cuestionamiento de De La Torre y Saúl se dio a conocer este miércoles, al advertir que el proyecto de Ley 561 “amenaza la autonomía de los ministerios públicos y concentra facultades en una sola figura”. Para ambos funcionarios, esta medida representa un claro retroceso en la organización judicial de la provincia.

La respuesta no tardó en llegar por parte de Ramiro Castillo, quien salió al cruce de estas críticas para defender el proyecto. “Debo aclarar que esta ley no constituye un retroceso, sino un paso necesario y fundado para restablecer el orden constitucional y saldar una deuda histórica de la provincia de Santa Cruz”, indicó.

Castillo explicó que el objetivo central de la reforma es “restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional” y reparar un “atropello institucional que sufrió la figura del Procurador General”. Sostuvo que el regreso a la estructura jerárquica del Procurador, como jefe de los ministerios públicos, es una “decisión legítima de política legislativa y orgánica” que no contraviene el fallo “Sosa” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el Fiscal de Estado, el Procurador General garantiza la “unidad y la coherencia institucional”, buscando restaurar la “unidad de acción y la dirección política criminal” con criterios uniformes y responsabilidad administrativa.

Respecto a las críticas sobre la supuesta afectación al principio de “igualdad de armas” por subordinar la defensa y la acusación a una misma jefatura, Castillo aclaró que la reforma mantiene las figuras del Agente Fiscal y el Defensor ante el TSJ como cargos separados. Señaló que la existencia de una jefatura común no anula la independencia funcional de estos actores, sino que establece una superintendencia y directrices de política general. “Los funcionarios especializados conservan su autonomía técnica”, aseguró.

El funcionario provincial también destacó que la Ley 561 busca promover una Justicia más eficaz para la ciudadanía y que la figura del Procurador fortalece el sistema de justicia provincial, en consonancia con los estándares de un “sistema acusatorio pleno”.

Finalmente, Castillo hizo un llamado a la reflexión a Lisandro De La Torre, criticando que, si bien manifestó sus preocupaciones, no ha explicado “las virtudes, logros o ventajas del actual Ministerio Fiscal”, ni la efectividad del sistema acusatorio bajo su mando, particularmente en relación con los casos de corrupción.